Hipódromo Político
Por: Carlos Cortez
Esta mañana escuchaba una mesa en donde participaba el Coordinador de Voceros de la campaña del candidato priísta a la presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, el senador ex panista, Javier Lozano Alarcón. Y ahí, esgrimía los mismos argumentos que desde hace semanas venimos escuchando en los medios de comunicación a todas horas: la acusación que dicen, “pesa”, sobre el candidato de la Coalición México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, por el delito de lavado de dinero. Acusan al queretano y aseguran que es un delito de grandes magnitudes, pero que en realidad no es nada junto a las denuncias que ha presentado la Auditoria Superior de la Federación contra los desvíos multimillonarios en la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles y la SEDESOL de la cual el propio Meade fue secretario en 2016.
En el primer caso, el de Anaya, se le acusa de triangular fondos en paraísos fiscales por varios países y lavar 54 millones de pesos en la compra-venta de una nave industrial en Querétaro.
En el segundo caso, el de Robles Berlanga, la Auditoría Superior de la Federación detectó desvío de recursos que asciende a 1,311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasmas lo que fue revelado en tres auditorías realizadas por la ASF respecto de los ejercicios de 2014 y 2015. El desvío realizado en la SEDESOL se configuró a través de la contratación de Radio y Televisión de Hidalgo, con quienes firmó contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014 y en enero y febrero de 2015. Durante la gestión de Robles en la SEDATU, el desvío se habría dado también mediante contratos con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social en julio, septiembre y octubre de 2015. Una parte de los 1,311 millones se transfirieron a Monex y CI Banco, para luego distribuirse en cuentas domiciliadas a varios países.
También se detectó que para realizar el desvío de recursos, las instituciones subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas. Las auditorias que revelaron dicha información fueron autorizadas desde marzo de 2017 y concluyeron el pasado 19 de enero de este 2018.
El caso es que este tipo de “operaciones” en donde el Gobierno en turno pone a las instituciones al servicio de los grupos de poder con fines electorales no es nueva. Nada que ver. Ya se ha utilizado este método muchas veces a lo largo de la historia política de nuestro país. No se nos ha olvidado a los mexicanos la estrategia que le aplicó Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador cuando se enfilaba a la candidatura del PRD a la presidencia de la república allá por 2005. Lo amenazaron con desaforarlo y meterlo a la cárcel por un tema institucional de la entonces jefatura del Gobierno del Distrito Federal. El desafuero tenía como asidero jurídico el contumaz desacato del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, López Obrador, a una sentencia firme del Poder Judicial de la Federación, lo que implicaba un delito.
Y en Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca, Senador de la República con licencia, y candidato a la gubernatura del estado en 2016, también se le aplicó la misma receta. Se le acusó de nexos con el Cártel del Golfo, de delincuente, de ser socio de los hijos de Marta Sahagún y personero de Felipe Calderón. Y le echaron encima a “los medios al servicio del gobierno en turno” para tratar de descalificar lo que más tarde sería una aplanadora que terminó por vencer al partido oficial quien, después de 86 años de gobiernos, perdió Tamaulipas.
Y fueron más allá. En el intento de descalificar al candidato Cabeza de Vaca filtraron en redes sociales la fotografía de una camioneta pickup que transportaba gente armada con los logotipos de la campaña del candidato a Gobernador del PAN por Tamaulipas, y por supuesto que los comentarios no se hicieron esperar. Se le acusó durante varios días al hoy mandatario tamaulipeco de sus nexos con “gente peligrosa” para al final, enterarnos de que la camioneta ni tenía esos logos ni era de Tamaulipas. Era una camioneta con autodefensas de Michoacán y traían una paloma de la paz. Concretamente en ese caso, se acusó al entonces Coordinador de Comunicación Social de Egidio Torre Cantú, Guillermo Martínez García, de haber sido el orquestador de senda acusación, la que al final, insisto, no llegó a nada.
En el caso de Ricardo Anaya hasta el momento no se ha presentado ninguna acusación ministerial y todo se ha reducido a boletines de prensa y entrevistas donde acusan y vuelven a acusar al candidato presidencial del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano a la Presidencia. Y si bien afectan, porque dejan bajo sospecha al candidato, también es cierto que al final viene ocurriendo la máxima de que aquello “que no mata te fortalece”.
Pero mientras, hay que obligar al Estado a que no utilice las instituciones como arma de defensa electoral. Que deje que las campañas las hagan los candidatos y los partidos, y que estas se hagan con argumentos y propuestas y si se quieren descalificar entre ellos, pues cada quien.
Es más, si hay la certeza y las pruebas suficientes para abrir una carpeta de investigación a Ricardo Anaya, que se haga, pero bajo el amparo de la Ley y respetando los derechos que como ciudadano tiene Anaya. Pero no se debe, bajo ninguna circunstancia, utilizar las instituciones que tantos años, sacrificios y sangre, han costado construir al pueblo de México para desacreditar a un adversario político electoral. No es ético, no es decente y tampoco moral.
Quien gane en las elecciones, que las gane, pero por su propio esfuerzo y estrategia y no por ayudas amorales y fuera de la Ley. En resumen, que el Gobierno se dedique a gobernar y los partidos y candidatos a competir.
Lo que están haciendo, sin querer queriendo, es pavimentar el camino de Ricardo Anaya, con rumbo a la Presidencia de la República.
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