Invertirá Nuevo León 890 millones de pesos en proyecto que atiende recomendaciones de la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Para terminar con 30 años de rezago del sistema penitenciario de Nuevo León, el Gobierno Ciudadano iniciará el próximo 20 de diciembre los trabajos de ampliación del Centro de Reinserción Social de Apodaca.
Manuel Vital, Director del Fideicomiso Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos (Fideproes), explicó que el proyecto tendrá una inversión de 890 millones de pesos, con IVA incluido, y un plazo de ejecución de 20 meses.
“Nosotros recibimos un sistema penitenciario con un retraso de más de 30 años, es una situación que se ha venido acumulando a través de los 30 años y que hoy el Gobierno del Estado con mucha responsabilidad está afrontando el problema, con responsabilidad y siguiendo las recomendaciones tanto de la comisiones estatales y nacionales de los Derechos Humanos”, dijo.
Los trabajos de la ampliación del centro penitenciario, indicó, fueron asignados de manera directa a un consorcio de tres empresas especialistas en ese tipo de edificaciones.
“Por cuestiones de seguridad la ley te permite hacer una asignación directa. La construcción de un penal es una materia de seguridad, tiene que tener los datos protegidos por la misma situación y tienes que buscar empresas que estén relacionadas en el tema”, detalló.
La obra, indicó Vital, incluye lo necesario para reintegrar a los internos a la sociedad.
La ampliación contará con espacios educativos, talleres y área de enfermería, entre otros, y atiende recomendaciones de la Comisión Nacional y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
El funcionario estatal detalló que en la construcción se invertirán 716 millones de pesos y que 274 millones se destinarán al arrendamiento del equipamiento tecnológico de las instalaciones.
“La tecnología cambió muy rápido, por eso se está haciendo por el esquema de arrendamiento, porque aquí se incluyen sistemas de monitoreo, computadoras, todo lo que es parte tecnológica del equipamiento penitenciario”, apuntó.
“Es por arrendamiento porque en cuatro años esa tecnología seguramente habrá tecnología mejor y se tendrá que hacer una renovación del equipo.
“Hemos tenido observaciones tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y esta ampliación cumple con el 100 por ciento de las observaciones que estas comisiones nos hicieron”.
Una vez que la ampliación esté concluida, el Estado invertirá en la concesión de servicios para la operación del Penal, como seguridad, alimentación, limpieza, lavandería, educación, salud y reinserción social.
