Además de los cargos por homicidio, el terrorista deberá enfrentar otros 39 de tentativa de asesinato
El australiano Brenton Tarrant, autor del atentado supremacista del mes pasado en Nueva Zelanda, fue imputado hoy con 50 cargos de asesinato -uno por cada víctima mortal- y otros 39 de tentativa de asesinato, un día antes de que el acusado comparezca ante un tribunal.
Las acusaciones fueron anunciadas por la Policía neozelandesa, que en su cuenta de Twitter escribió que “otros cargos aún están bajo consideración” sin dar más detalles “debido a que el caso está en los tribunales”.
Tarrant comparecerá por vídeo conferencia desde la prisión ante el Tribunal Superior de Christchurch, ciudad de la Isla Sur neozelandesa donde cometió la masacre el pasado 15 de marzo.
El acusado asaltó las mezquitas de Al Noor y Linwood de esta ciudad y disparó a quemarropa con armas automáticas a los feligreses que realizaban la tradicional oración de los viernes mientras lo retransmitía en directo a través de Facebook.
La fiscalía buscaría porcesarle bajo la Ley de Supresión Terrorista, introducida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, según informó el diario New Zealand Herald, pero para ello necesitará el consentimiento de la Abogacía del Estado.
Tarrant, de 28 años, comparecerá por segunda vez ante un juez después de que el día siguiente de la masacre fuera llevado al tribunal de distrito de Christchurch, donde fue imputado con un cargo de asesinato.
Tarrant, quien tiene entre sus referentes al noruego Anders Breivik, el extremista de ultraderecha que mató en su país a 77 personas en 2011 y que desafió al tribunal haciendo saludos nazi, se encuentra confinado en una celda solitaria en el ala de alta seguridad de la prisión de Paremoremo, en Auckland.
Tras el ataque, Nueva Zelanda se plantea una reforma de la ley de armas para evitar que se repita una nueva masacre, así como medidas contra las difusión de mensajes de odio en las redes sociales.
Australia, por su lado, enmendó hoy sus leyes para encarcelar a los directivos de las redes sociales que no retiren el material con contenidos violentos y multas de hasta el 10 por ciento de la facturación anual, entre otros.
