*. -Se tomarían en cuenta los niveles de recaudación de cada entidad, para el reparto de participaciones federales.
Las propuestas del próximo Secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa con respecto a la distribución de las participaciones federales traerá beneficios directos al estado de Nuevo León.
Desde la Oficina de Representación de Nuevo León en la Ciudad de México, Waldo Fernández Garza destaca que las declaraciones del próximo funcionario federal representan una respuesta a la solicitud histórica de un mejor trato fiscal para la entidad.
Urzúa, perfilado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para dirigir la dependencia, afirmó que las fórmulas en la Ley de Coordinación Fiscal están mal planeadas y dan mayor peso al nivel poblacional, sin embargo debe tomarse también en cuenta la base tributaria, para premiar e incentivar el esfuerzo que cada entidad realiza para mejorar sus niveles de recaudación.
El actual mecanismo de distribución de participaciones no es justo ni equitativo, a pesar de que la Ley de Coordinación Fiscal tiene como criterios el crecimiento económico de las entidades y el esfuerzo recaudatorio.
Nuevo León aporta el 7.51 por ciento del PIB nacional, ocupando el tercer lugar en este rubro, y el esfuerzo tributario lo coloca en el segundo lugar nacional en la recaudación de ingresos federales; sin embargo, de cada peso que aporta la ciudadanía de Nuevo León solo 33 centavos regresan en el presupuesto, mientras otras entidades federativas por cada peso que aportan han recibido hasta 11 pesos.
“Bajo a este criterio, a Nuevo León le iría mucho mejor, le da el trato justo que siempre se ha estado solicitando; ya inmersos en los procesos de negociación presupuestal, esta es definitivamente una buena noticia”, dijo.
Nuevo León está listo para iniciar una discusión de las formulas del Fondo General de Participaciones, que reconozca el esfuerzo tributario de las entidades federativas, pero en el marco de una agenda más amplia en que replantee el federalismo fiscal frente a las nuevas condiciones del país, donde se privilegie la transparencia de los recursos y apoyos adicionales a las entidades federativas de manera más transparente y que impacte en la creación de infraestructura estratégica para el desarrollo económico.
